La Ley 4/2026, publicada el 3 de octubre, entra en vigor el 23 de octubre y amplía la asimilación entre dependencia y discapacidad. ¿Podrás trasladar esa equivalencia directamente al IRPF? No: el propio texto excluye expresamente su aplicación en el ámbito tributario. Para la Renta sigue siendo necesario comprobar la acreditación que exige su normativa.
Si tienes una resolución de dependencia y has leído que equivale a un determinado grado de discapacidad, mira para qué sirve esa equivalencia antes de introducir un porcentaje en la declaración. La novedad no convierte todos los reconocimientos administrativos en documentos intercambiables.
La nueva equivalencia tiene un límite escrito en la ley
La reforma modifica el artículo 4.2 de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad. A sus efectos, asimila la dependencia de grado I a una discapacidad del 33 % y los grados II y III a una discapacidad del 65 %.
Pero añade una precisión decisiva: esa asimilación produce efectos exclusivamente en los ámbitos previstos por ley o por otras normas que la contemplen expresamente y no resulta aplicable en el ámbito tributario. Leer únicamente los porcentajes deja fuera la parte que responde a la pregunta fiscal.
Por eso no debes sustituir automáticamente el dato de discapacidad del IRPF por el grado de dependencia. Tampoco concluir que pierdes cualquier derecho fiscal: puede existir una acreditación válida por otra vía. Lo que no sirve es dar ese salto basándose solo en esta nueva equivalencia.
El IRPF conserva su propia forma de acreditar la discapacidad
El artículo 60 de la Ley del IRPF y el artículo 72 de su reglamento regulan la consideración fiscal y su acreditación. El reglamento señala el certificado o resolución del órgano competente para acreditar el grado, además de los supuestos específicos que establece la normativa.
La Ley del IRPF contempla, por ejemplo, determinadas pensiones de incapacidad de la Seguridad Social y de clases pasivas como supuestos de acreditación. Una pensión de jubilación ordinaria no debe confundirse con esos reconocimientos específicos por tener un nombre parecido o proceder de la misma entidad pagadora.
Esta guía no valora una situación médica ni resuelve todos los supuestos especiales de acreditación. La tarea inicial es identificar qué documento tienes, qué reconoce y qué regla fiscal permite utilizarlo. Si ya existe un certificado de discapacidad, debe revisarse su contenido y sus efectos propios.
| Documento | Qué debes localizar | Qué no debes suponer |
|---|---|---|
| Resolución de dependencia | Grado reconocido y alcance de sus efectos | Que la nueva asimilación se traslada al IRPF |
| Certificado o resolución de discapacidad | Órgano competente, grado y efectos reconocidos | Que acredita por sí solo todos los requisitos de cualquier beneficio fiscal |
| Resolución sobre una pensión | La modalidad concreta reconocida y su encaje en la norma fiscal | Que cualquier pensión equivale a discapacidad fiscal |
Un ejemplo ilustrativo: dependencia de grado II y una casilla de Renta
Imagina que una persona tiene reconocida dependencia de grado II y conserva esa resolución, pero todavía no ha localizado ningún certificado de discapacidad ni otro documento de acreditación fiscal. Es un supuesto hipotético. Al leer la reforma, piensa introducir un 65 % de discapacidad en su próxima declaración.
El razonamiento debe detenerse en el límite de la propia ley: la equivalencia del grado II no se aplica en el ámbito tributario. Por tanto, esa resolución no permite trasladar el 65 % al IRPF mediante la nueva asimilación. Antes hay que comprobar si existe una acreditación que sí encaje en la normativa del impuesto.
El resultado de la comprobación inicial es dejar esa equivalencia fuera del cálculo fiscal y buscar el soporte adecuado. No significa afirmar que la persona carece de discapacidad ni descartar un derecho que pueda acreditar por otra vía. Significa no atribuir a un documento un efecto que la reforma excluye.
Acreditar un grado no completa todos los requisitos fiscales
Después de identificar una acreditación válida, queda revisar qué medida fiscal se pretende aplicar. No son lo mismo el mínimo por discapacidad del propio contribuyente, el de un familiar o una deducción con requisitos adicionales.
El artículo 60 vincula el mínimo por discapacidad de ascendientes o descendientes a que generen el derecho al mínimo correspondiente. Por tanto, no basta con comprobar un porcentaje aislado: también hay que estudiar las condiciones aplicables a esa relación familiar.
No hemos calculado aquí un ahorro ni una devolución. La equivalencia administrativa, la acreditación fiscal y el cálculo final son comprobaciones diferentes. Saltar directamente a una cantidad puede ocultar qué requisito sigue pendiente.
Qué preparar antes de revisar la declaración
- Identifica por separado las resoluciones de dependencia, discapacidad y pensiones que tengas.
- Localiza el grado, el órgano que lo reconoce y los efectos que indica cada documento.
- Señala si la revisión corresponde a tu propia situación o a la de un familiar.
- Indica qué mínimo o deducción quieres estudiar y a qué ejercicio se refiere.
El 19 de octubre la entrada en vigor de esta reforma todavía es futura. Cuando llegue el 23, el límite tributario seguirá formando parte de la misma regla: esperar a esa fecha no convierte la resolución de dependencia en una acreditación fiscal automática.
Puedes situar la revisión dentro de la guía de IRPF y sus requisitos. Conserva las resoluciones completas y comparte únicamente la información necesaria para estudiar la aplicación fiscal, sin sustituir documentos por una descripción informal del grado.
Fuentes: Ley 4/2026, artículo primero y entrada en vigor, artículo 60 de la Ley del IRPF y artículo 72 del Reglamento del IRPF.
Pide a Alexis que separe la nueva equivalencia de dependencia de los requisitos fiscales de tu caso.
Textos oficiales completos: BOE: texto BOE-A-2007-6820; BOE: texto BOE-A-2006-20764.
